Por Manuel Delgado Cabeza
Presentación
Difundimos para su conocimiento el artículo “SOS Guadalquivir”, de Manuel Delgado Cabeza, publicado en Portal de Andalucía y en La Marea, difundido por varias plataforma ecologistas , comprometidas por el medio ambiente, y la situación de dependencia y marginación de Andalucia. El autor analiza el papel asignado a esta Comunidad Autónoma de mera colonia interior y periférica , sus causas estructurales, donde los vertidos al Guadalquivir por parte de las actividades mineras, refuerzan un modelo económico que incrementa la marginación y la dependencia de nuestra economía, incrementado la brecha en relación a las llamadas “economías centrales”. Manuel Delgado Cabeza parte del contexto colonial para explicar qué está pasando en el Guadalquivir y el extractivismo minero en Andalucía.
PLATAFORMA SALVEMOS EL GUADALQUIVIR
Este mismo es el título de la página web elaborada por la Plataforma Salvemos el Guadalquivir, iniciativa mayoritariamente de mujeres –cuidadoras una vez más–, en la que podemos encontrar una valiosa información sobre los vertidos tóxicos al gran río de Andalucía asociados a la extracción minera localizada en la faja pirítica andaluza. Una extracción por la que el Guadalquivir será “condenado a ser una gran cloaca”. “La Junta de Andalucía –se dice en la portada de esta web– autoriza vertidos de 130.000 millones de litros de aguas altamente tóxicas y venenosas directamente al Estuario del Guadalquivir, procedentes de dos minas: Los Frailes, situada en Aznalcóllar (en su próxima apertura desde el desastre de 1998) y Minas Las Cruces, situadas entre Genera, Salteras y Guilena (ambas en la provincia de Sevilla)”.
Sobre este tema se celebraron en noviembre de 2024 unas interesantes jornadas de debate tituladas El Estuario del Guadalquivir, potencialidades económicas y pasivos ambientales, coordinadas por los profesores de la Universidad de Sevilla Félix Talego, David Florido y Jesús Castillo. Tanto para elaborar la citada página web como en el desarrollo de las jornadas se ha utilizado información que usa como una fuente importante los trabajos realizados por Ecologistas en Acción y especialmente Antonio Ramos e Isidoro Albarreal. El artículo que sigue trata de recoger la participación del autor del mismo en las citadas jornadas.
CONTEXTO COLONIAL
Para entender lo que está pasando en el Guadalquivir conviene recordar que Andalucía sigue desempeñando la misma función de abastecedora de productos primarios que desempeñaba la Bética Romana de hace más de 2.000 años.
Con la llegada de la modernidad y el capitalismo, Andalucía formó parte desde muy pronto de las realidades del Sur, poniéndose nuestro suelo y nuestro subsuelo al servicio de las metrópolis del Norte. Con dos diferencias en relación con períodos anteriores. Una, la escala a la que tiene lugar la extracción. En el caso de los sulfuros, de donde se obtienen los metales, está documentado que los extraídos en la minería andaluza desde 1873 representan 70 veces más que los de la minería romana y prerromana. En un año se extrae hoy tres veces más que en toda la antigüedad, de modo que la contaminación existente derivada de la minería “está claramente asociada a la actividad minera iniciada a mediados del siglo XIX”.
La otra diferencia en relación con la situación de la Bética Romana es que hoy este papel de sirvienta que Andalucía viene jugando en relación con las economías del Norte marca de una manera fundamental las condiciones en las que aquí la vida se desenvuelve. En todos los ámbitos. No sólo nos instala en la pobreza y la subalternidad en lo económico y en la subordinación política, sino que la modernidad y el capitalismo han incluido en el paquete de la dominación de los pueblos del Sur la inferiorización y la utilización de su ámbito cultural en el sentido antropológico; la cultura como manera de entender la vida y de vivir de un pueblo.
En lo que va de siglo, la extracción de materiales y energía a escala mundial se ha multiplicado por dos. Un aumento estimulado por la financiarización de la economía, y asociado en gran medida a los requerimientos de la supuesta “transición hacia energías renovables” y la digitalización, dos nuevas fronteras para la acumulación de capital. Como resultado tenemos una nueva ofensiva del extractivismo minero, que ha venido siendo uno de los instrumentos esenciales de la dominación y el colonialismo sobre los pueblos del Sur. Esta reactivación ha vuelto a poner el subsuelo andaluz como objeto del deseo de las grandes multinacionales de la minería, de manera que aquí se extrae hoy más del 90% de los minerales metálicos extraídos dentro del Estado español. En esta minería metálica el proceso de oxidación de los sulfuros, en presencia de agua, genera un lixiviado ácido con elevadas concentraciones de metales tóxicos, metaloides y sulfatos que la convierten en la extracción minera ambientalmente más agresiva.
UN RASGO ESTRUCTURAL
En este contexto hay que situar los vertidos tóxicos al Estuario del Guadalquivir. Un contexto en el que nos encontramos con un rasgo característico, con uno de los componentes estructurales del modelo del extractivismo andaluz: el claro y permanente alineamiento de todos los gobiernos (centrales, autonómicos y locales) con los intereses de las compañías y en contra de los intereses generales de la población andaluza.
Una amplia casuística puede testificar la permanencia de esta connivencia entre sistema político y poder económico a lo largo de toda la historia contemporánea de Andalucía. Como ejemplo paradigmático en el siglo XIX bastaría citar el caso de Río Tinto, donde esta complicidad llegó a su culmen en el llamado “año de los tiros”, 1888, cuando la Río Tinto Company, “La Compañía”, sinónimo del poder establecido y dueña de la vida de la comarca, utilizaba el sistema de calcinación al aire libre, generando hasta 600 toneladas diarias de humos sulfurosos que inundaban toda la comarca y resultaban letales para la vida de un entorno que llegó a conocerse como “el valle de Lucifer”.
El 4 de febrero de ese año, la movilización de miles de campesinos y mineros planteando reivindicaciones sociales y ambientales dio lugar a una brutal represión. Un Regimiento del ejército, el de Pavía, abrió fuego sobre los manifestantes congregados en la plaza del ayuntamiento provocando una masacre de la que “La Compañía” reconoció 48 muertos; en el Congreso se habló de más de 200. Una tragedia que se saldó con la más absoluta impunidad para sus responsables. El destino de los cuerpos de los fallecidos hoy sigue siendo una incógnita. Las calcinaciones al aire libre, declaradas por el gobierno español de Utilidad Pública en 1880, no desaparecieron hasta 1907, cuando apareció un nuevo sistema que resultaba más rentable para “La Compañía”.
Más reciente fue el desastre de Aznalcóllar, ocurrido en 1998, en la mina Los Frailes, explotada entonces por la compañía sueca Bolidén. Una catástrofe en la que el colapso de la balsa supuso un vertido de lodos altamente tóxicos en una cantidad más de 70 veces mayor que la de los vertidos del Prestige, recorriendo más de 60 km por la cuenca del Guadiamar e inundando una superficie de 4.600 hectáreas. Unos lodos que en su gran mayoría siguen hoy enterrados en la zona, con las consiguientes filtraciones y extensión de la contaminación que eso conlleva.
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