Gonzalo Acosta Bono. Geógrafo-Urbanista
Sevilla,septiembre 2020
Hace años que el paisaje se le viene considerando como un recurso de un valor extraordinario para el territorio que habitamos, sus campos y ciudades. Pero todavía no ha llegado el momento de que constituya una herramienta operativa para la ordenación de pueblos y ciudades y de los territorios. Con todo, se ha avanzado mucho e incluso, diría yo, que estamos en la buena senda. Pero es un camino que presenta algunas dificultades y no pocas incertidumbres. Todavía hay que arriesgarse más, innovar, para que acabe incorporándose en el proceso colectivo de definir un proyecto de territorio, un proyecto de ciudad. No son dos cosas tan distintas, pero en la escala de uno y otro ámbito debemos reconocer ciertas peculiaridades, especialmente en el grado de detalle con que se definen sus contenidos de ordenación.
En un territorio como el de la comarca de Estepa, para entendernos, y su ciudad que le da nombre por ejercer una centralidad reconocible y reconocida, puede ser un buen ejemplo de esta doble perspectiva escalar: el territorio y la ciudad. Sus relaciones son evidentes a poco que leamos su historia económica y social, y podríamos afirmar que dichas relaciones configuran un modelo espacial que incluye la identificación cultural y sentimental de sus gentes con este entorno urbano y territorial. O al menos con esta perspectiva debería orientarse.
Me consta que existen personas y colectivos de la comarca que asisten con preocupación a ciertos procesos de transformaciones, tanto en el ámbito territorial como en el urbano. Algunas demandas sociales, en este sentido, han alcanzado las instancias del gobierno local y autonómico. Y esto casi debería ser suficiente para que estas demandas pudieran ser analizadas y valoradas en el contexto de los procesos de planificación y gestión del territorio y la ciudad. Debería serlo porque el marco normativo vigente lo permite, y hasta lo requiere, para un adecuado gobierno del territorio en su conjunto. Qué fácil resulta la gestión de un convenio con un grupo promotor y cuántas dificultades para las iniciativas y propuestas de los colectivos vecinales. Es inaudito. Y sin embargo los avances del marco normativo van en esa dirección, y aún se podría ir más allá con cierta voluntad política. La disyuntiva se presenta entre quienes tienen intereses y para quienes el único interés es el bien común. Pero en esta escala de valores adquiere y permanece el interés privativo frente al bien común, el interés colectivo. No hay más que analizar la evolución del territorio andaluz, de forma ejemplar el litoral, para comprender esta dicotomía de intereses.
Leave A Comment