JORNADA DANAS E INUNDACIONES: SU GESTIÓN EN UN ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO ( Universidad de Sevilla. Facultad de Geografía e Historia.Viernes 14 de marzo de 2025
Manuel Benabent Fernández de Córdoba.Geógrafo urbanista
INTRODUCCIÓN
La intervención se divide en tres partes. En la primera se realiza una panorámica general sobre el estado de la planificación territorial (Ordenación del Territorio y Urbanismo) en Andalucía, que presumimos que en algunos aspectos puede ser generalizable a lo que sucede en otras CC.AA. En el marco de este contexto general se sitúa la segunda parte de la intervención, en la que se expone como ha venido la planificación territorial y urbanística abordando los problemas de riesgo de inundación y, en tercer lugar, se aborda como se articula la normativa de zonas inundables que establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) con el planeamiento urbanístico.
Se hablará de los planes y no de las leyes porque hoy en día, a diferencia de antaño, perduran más los planes que las leyes que los generan.
Como se sabe tenemos una reciente legislación territorial y urbanística, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, conocida por su acrónimo como la LISTA, que para cualquiera que lo oye por primera vez puede pensar que es una ley cuyo objeto es desarrollar una política de incentivos económicos. No nos extenderemos sobre la Ley porque no se trata hoy de diseccionarla, pero si señalamos que es una Ley cuyos resultados en materia de planificación están aún por analizar ya que aún no tenemos ningún plan aprobado, por lo que las referencias en esta intervención serán los planes de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio (LOTCAA).
PANORÁMICA GENERAL
La planificación territorial no ha tenido en los últimos años mucho desarrollo en Andalucía. Se ha planificado bien poco. Varios motivos son los causantes de este descenso de la planificación, tanto en OT como en Urbanismo.
- En OT el motivo ha sido la indecisión de la Junta de Andalucía ante las dificultades de los procesos de planificación de algunos instrumentos. Planes como los de las aglomeraciones urbana de Córdoba y de Huelva o de la comarca del Almanzora no siguieron su desarrollo y el Plan del Corredor del Litoral de Andalucía, que ya había pasado todo su tramitación a espera de su aprobación por el Consejo de Gobierno, se dejó durante largo tiempo metido en un cajón debido al rechazo de buena parte de los municipios litorales y se decidió aprobar en mayo de 2015 cuando el gobierno estaba en funciones, arriesgándose a que un posible recurso lo tumbase, como así sucedió, y en toda la legislatura siguiente con el mismo partido político en el Gobierno andaluz nunca se quiso activar el plan. Un plan que a buen seguro hubiese reducido la vulnerabilidad ante los riesgos futuros de la zona costera, impidiendo el desarrollo de varios miles de vivienda1 ¡Descanse en paz!
En definitiva, el último plan aprobado fue el Plan de Ordenación del Territorio Subregional (POTS) de la aglomeración urbana de Jaén en 2014 y hasta 2021 no se aprobaron los decretos de formulación (inicio) de los POTS de la Sierra de Cádiz y de la Serranía de Ronda, dos ámbitos de baja problemática urbanística; es decir 7 años sin desarrollar la planificación subregional. Ahora con la aprobación de la LISTA se ha considerado conveniente revisar el Pan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Es cierto que en estos 7 años se decidió la nueva formulación del POT de la Costa del Sol Occidental en 2017 y ello por una razón imperiosa; este plan aprobado en 2006 fue declarado nulo por los tribunales nada menos que en 2015, y dado que llevaba nueve años aplicándose era muy conveniente no dejar sin cobertura una parte tan sensible de la provincia. Su desarrollo ha sido muy lento. Estamos ya en 2025 y es ahora cuando ha salido a información pública, por lo que aún le queda un cierto tiempo para su aprobación definitiva2.
- En relación con el urbanismo, han sido tres los motivos principales del escaso desarrollo de los planes.
Por una parte, la crisis financiera que tuvimos a partir de 2008 se extendió, prácticamente hasta 2023. El COVID primero y la guerra de Ucrania después, con el consiguiente encarecimiento del petróleo y el gas, ampliaron el periodo de crisis, del que empezábamos a salir y que llevó a la quiebra a una buena parte del sector de la construcción y a la paralización de la planificación.
Por otro lado, porque al planeamiento urbanístico se le hace cargar con un sinfín de informes sectoriales. En Andalucía superan la treintena3. Esto conlleva prolongar el proceso de redacción de los planes. Como señala Gallo Medina (2016, p. 15) “El planeamiento municipal ha dejado de ser un instrumento de ordenación urbanística para convertirse en el documento que traduce sobre el terreno todas las vinculaciones exigidas por la normativa sectorial4“.
El resultado es una tramitación excesivamente larga. En 2009 el Tribunal de Cuentas de Andalucía analizó el tiempo de tramitación de las ciudades medias >50.000 habitantes y lo cifró en 8 años y 4 meses. En 2018 el consejero competente en la materia volvió señalar en unas jornadas en Huelva de presentación de los trabajos de redacción del borrador de una nueva ley urbanística que los plazos no se habían reducido. ¡Esto significa más dos legislaturas, ¡Qué alcalde se decide a revisar su planeamiento si sabe que no lo va a ver aprobado!
Finalmente, la propia rigidez del planeamiento5. La consideración del plan como un reglamento, lo que supone que, si hay un error de procedimiento, por ejemplo, la falta de un informe, se anula el plan y esto arrastra a los planes parciales, planes especiales y estudios de detalle que lo desarrollan y hasta a las licencias otorgadas en base al plan. Por este motivo, hay también cierto temor a revisar el planeamiento.
Leave A Comment