La “nueva cultura del territorio” debe concretarse en la resolución de problemas y necesidades de las personas, mejor que en ejercicios excesivamente abstractos y economicistas. Derechos sociales arraigados en Europa como los de la salud, la educación o la asistencia a personas con dificultades tienen a veces una expresión territorial insuficiente y confusa al ser plasmados en los instrumentos de planificación y gestión con indicadores abstractos a nivel estatal y regional, o en meras reservas de suelo a escala local. Su tratamiento carece casi siempre de una secuencia espacial completa y su cumplimiento acaba siendo muy dispar en los distintos territorios.

Otros derechos básicos, como el de la vivienda o la accesibilidad equivalente a otros bienes y servicios tienen grados de satisfacción aún más escasos y erráticos. Tampoco existe continuidad en la identificación y protección de espacios naturales de valor (no necesariamente excepcionales) que sirvan para crear redes territoriales capaces de contribuir de manera satisfactoria a la calidad ambiental general, al mantenimiento de la biodiversidad ya situar la naturaleza en proximidad a las personas que necesitan reconocerla y disfrutar de ella.

Esta nueva cultura del territorio tendría que realizar, en cualquiera de los niveles políticos en que se ejerce (comunitario, estatal, regional y municipal), dos misiones fundamentales:

  • apreciar la diversidad territorial existente apoyando su específica identidad y contrarrestando las tendencias globalizadoras a la creación de no-lugares por homogeneización;
  • potenciar la cohesión territorial identificando y haciendo realidad las estructuras y los sistemas que crean una base física para la igualdad de oportunidades entre todos los habitantes.

En ambos sentidos se manifiesta el reciente Libro verde sobre la cohesión territorial, de la Comisión Europea, debatido en Marsella, durante la presidencia francesa de la UE, en diciembre de 2008.