A la pandemia del COVID-19 se ha sumado esta primavera las consecuencias devastadoras de la guerra que Rusia mantiene  en Ucrania, que esta obligando a países y ciudadanos, a planificar aún  más sosteniblemente los recursos del planeta, a remodelar los modelos de producción e intercambios comerciales, al transporte, consumo y también las políticas y relaciones laborales internas y entre países.

Con respecto al sector agroalimentario el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha adoptado varias medidas:

  • Ley de la Cadena Alimentaria, incluyendo más controles sanitarios, salud alimentaria y plagas, desde el origen al consumidor final.
  • Decálogo de Medidas de apoyo al sector para reducir la incidencia de subida de costes energéticos y los provocados por el conflicto bélico.
  • Reducción de tasas e impuestos en los sectores más afectados.
  • Potenciar los seguros agrarios y las bonificaciones fiscales a los sectores en crisis.
  • Vigilancia contra el fraude en el etiquetado, la trazabilidad y salubridad de los alimentos.
  • Simplificación de normas y reglamentos que no favorezcan el desarrollo económico.
  • Protección al consumidor y a los trabajadores.
  • Armonización de normas en los acuerdos mundiales de comercio, los firmados por el Gobierno de España con los países comunitarios y especialmente con países terceros.
  • Adopción de medidas de control específicas para asegurar que los alimentos importados reúnen los mismos requisitos saludables en materia de control de plagas, enfermedades y elementos que sean nocivos para la salud (humana y de otros seres vivos), que son objeto de normas y control impuestas por exigencias comunitarias. Es la disposición que se ha venido denominando como “clausula espejo”, en la muy habitual jerga alimentaria.